DELINCUENCIA Y POLITICA
Darío Ruiz Gómez
Creo, los que habitamos esta ciudad
y en ella hemos vivido reconociendo en barrios y esquinas los significados que
han servido para identificarnos en el
tiempo como integrantes de una gran familia que seguimos llevando silenciosamente las heridas que no causó
esa suprema ofensa al ser humano que supuso la irrupción del narcotráfico. Decenas de investigaciones
publicadas sobre esta implosión que
destruyó la familia, que destruyó la amistad de los muchachos de barrio, que
creó guetos con los desplazamientos de población para dar paso a una desaforada
especulación inmobiliaria, violencia que introdujo la desconfianza sobre los
otros, desterró la cultura de la noche, eliminó al transeúnte e introdujo
la mortal consigna del enriquecimiento
rápido llenando las calles de cadáveres.
Cifras que aterrorizan y trastornan aún la conciencia de un ser civilizado.
¿Cómo pudo someterse a una sociedad a esta infamia castigando al juez probo, a
quien se atreviera a protestar por esta insania que enriqueció hasta el absurdo
a un grupo de desalmados jamás imaginados por la historia de la crueldad? En el
alma atribulada de millones de víctimas de estas carnicerías, debemos
aceptarlo, no se ha concedido perdón
alguno a estos monstruos y no puede haberse concedido el perdón ya que en
ningún momento lo han pedido ni han reparado debidamente a sus víctimas. En este
Medellín confluyeron en la barbarie no solo capos y sicarios sino el ELN y las
Farc que crearon “territorios libres” donde pudieron demostrar ser más sádicos que
sus futuros socios de fechorías. Al colocar junto a él en la tarima a una
cuerda de estos criminales condenados
por sus asesinatos, por la esclavitud a que han sometido a niños y ancianos,
Petro e Isabel Zuleta la comisaria de las Farc, hicieron que se reabrieran
estas heridas, que de pronto volviéramos a sentirnos desprotegidos ante la ley pues allí estaba
presente y muy conforme con el acto,
nada menos que el Ministro de Justicia.
¿Un Ministro de Justicia ignorando que juzgados y condenados por la justicia por
crímenes contra la humanidad no pueden ser presentados como personas “en proceso de rehabilitación”? ¿No
están a toda hora los mamertos
reclamando la “memoria colectiva? El infantiloide reclamo de que los túneles – y el del Toyo sobre todo- constituyen un “peligro”
ya que desestabilizan las montañas, además
de responder a una ideología abiertamente antiprogresista, tiene que ver con el
hecho de que las empresas antioqueñas los hayan construido felizmente sin
contar con los aportes que por ley debió hacer el Gobierno. Rebajada la
política a este ínfimo nivel de rencores personales que reavivan los atavismos y arrastran las conductas hacia la irracionalidad,
- negar las grandes vías y regresar a las trochas- desconociendo el aporte de las víctimas en la tarea de restaurar la vida en común, comunidades que sufrieron y siguen sufriendo en carne propia la desproporsionada
desigualdad social causada por el
inmenso poder económico de estos matones.
La respuestas de las comunidades ha sido
la de responder a esta violencia haciendo
sus propios Pactos Sociales sun esperar las recetas de las burocracias “especializadas en
conflictos” . Respuestas humanas como la
solidaridad puesta de presente en la tragedia de Bello en un barrio de
expulsados. ¿Confinar una Comuna no es el mayor delito? ¿Destruir la vida de
vecinos de una ciudad no es un delito mayor? Que a la tarima solamente suban
quienes padecieron y continúan padeciendo
el destierro, el desplazamiento, los niños que no volverán a encontrar a su familia.
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