DEMASIADAS GUERRAS
Darío Ruiz Gómez
Si durante lo que va
corrido del Gobierno Petro el número de mercenarios al servicio de los nuevos
grupos dedicados al narcotráfico ha aumentado en un 43% el crecimiento de los
cultivos de coca ha crecido, curiosamente, en la misma proporción y en triple
proporción ha aumentado el número de víctimas, de poblaciones destruidas en
estas guerras fabricadas para que el crimen organizado se enriquezca en
proporción más exagerada. Un reciente artículo del New York Times se refería al
Guaviare como el escenario de “Otra guerra” más en Colombia haciendo una descripción
sobre las características de los nuevos líderes de estas organizaciones
delictivas que como sabemos luego del Acuerdo
aparecieron disfrazadas de “Disidencias” para continuar con el dominio
sobre territorios que nunca fueron devueltos a las víctimas. De las consignas
totalitarias llamando al levantamiento popular contra el imperialismo se ha pasado de manera explícita a la
normalización de la extorsión, del secuestro, del tráfico de drogas y personas.
Lo que llamaron sus principios
revolucionarios fueron dejados a un lado como lo señala el artículo cuando lo
que prevalece es el afán de enriquecimiento de los Calarcá, Mordisco, Pablos
Beltran y Garcías. Descertificar por
parte del gobierno Trump al gobierno Petro por haber convertido a Colombia en
un narco país no se limita solamente a
condenar el aumento de estos cultivos -
tal como lo escucho en boca de algunos políticos que reducen el problema a erradicar
sembrados, olvidando los daños
colaterales que continúan destruyendo
los valores que fundamentan una sociedad
libre, e imponiendo con la complicidad
del gobierno, una justicia títere que previamente ya absolvió de sus tropelías a estas
organizaciones criminales.
Hemos visto esta
semana el asalto a diferentes municipios del Cauca llevados con la ferocidad
propia de estos delincuentes para los cuales nada está vedado como en este intento de borrar al corregimiento de El Carmelo en
Cajibío. Cinco policías en solitario resistiendo el desproporcionado ataque a una la población desprotegida,
aterrada, escondida, la iglesia y el Cuartel de la Policía destruidos por los
drones y las descargas de las ametralladoras y finalmente otro policía muerto.
La voz de un ciudadano solicitando una ayuda que solamente llegaría dos horas
después. ¿Por qué la fuerza Pública no ha podido recuperar el cañón del Micay?
La aparición de territorios por parte de los grupos del ELN y las Disidencias
viene acompañado no sólo de la siembra de más hectáreas de coca sino de lo más
grave, la destrucción de las familias,
de iglesias y escuelas. Nueve años necesitó el desconsiderado número de
burócratas de la JEP para burlarse de estas graves faltas a la dignidad humana,
para que conceptos como Delitos de Lesa Humanidad hayan desaparecido de la
llamada “Justicia Transicional” y ahora ante
la prolongación de estas otras guerras donde se cometen los mismos
crímenes que cometieron y siguen cometiendo las FARC y el ELN, ya las víctimas
de los más morbosas irracionalidades han
tenido tristemente que aceptar que a
estos monstruos, el castigo que les impondrá esta farsa de
justicia será la de hacer placa huellas o recoger tomates, o, aprenderse de
memoria los “textos de Sandra Ramírez
sobre los beneficios del aborto. Esta es una
afrenta a la justicia universal, a los Acuerdos de Roma y a la lección
que dieron al mundo los juicios de Nuremberg donde se condenó a los jerarcas
nazis pero también a jueces y magistrados de la llamada justicia ordinaria que
callaron ante estos atropellos al ser humano. ¿Cuánta es la población
colombiana que ha tenido que marcharse al exilio? Como a nadie del
Comisariado ha condenado la JEP por el delito de esclavitud al no
diferenciar el bien del mal, la descertificación viene a recordarle a la
Justicia de este país que en el Chocó,
Guaviare, Catatumbo, Putumayo y donde se siempre coca no hay campesinos sino esclavos
sometidos a infamias que creíamos habíamos sido capaces de superar.
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